En estos días, una buena parte del debate público lo ocupa una propuesta para reformar el poder judicial, o, mejor dicho, los poderes judiciales. De aprobarse, dicen sus promotores, México, en materia de justicia, sería algo parecido a Dinamarca. Por otra parte, los expertos, y uno que otro político opositor, han alertado sobre una serie de calamidades que azotarán al país de triunfar la iniciativa del Presidente.

La propuesta, que llegó a Cámara de Diputados el pasado cinco de febrero, es bastante malita y está llena de falacias. Para empezar, se planteó como una narrativa política de carácter electoral. La fecha de su anuncio, días antes del inicio de campañas, es prueba suficiente de la intención de que se buscaba cachar votos para el oficialismo. A lo anterior, hay que sumar que la iniciativa formó parte un paquete donde se incluyeron otras diecinueve de igual tono. Antes de avanzar, dejo tres puntos de vista sobre la mentada reforma judicial:

Primero. – No se trata de una iniciativa para mejorar la justicia, el objetivo es desintegrar la Corte y de pasada echar a la calle a jueces y magistrados. Se inventaron que todo va a mejorar si los ciudadanos seleccionamos a los juzgadores. Lo que no se aclara es que los candidatos, de aprobarse la iniciativa, serán propuestos por una sola persona: la presidenta, pues ella controlará las cámaras y a la misma Corte.

Segundo. – El Frankenstein judicial, al cual nos quieren someter, no tiene símil en el mundo, acaso dos experiencias algo parecidas, y que han recibido duras críticas. Una se instrumentó en Bolivia, país no federado, con doce millones de habitantes y cuya economía es la noventa y tres en el mundo. La reforma en la tierra de Evo Morales resultó en un verdadero fracaso y ha suscitado varias crisis constitucionales.

Tercero. – La iniciativa constitucional no fue acompañada con los proyectos de leyes secundarias, pues seguro no existen. Esto es síntoma de que el proyecto fue construido a la carrera, con descuido y con el fin de posicionar una narrativa para el consumo electoral. En la propuesta hay notoria inexperiencia. En suma, es un texto chambón, al cual sus defensores, al ser cuestionados, agregan más dudas con sus precarios argumentos.

Pronto veremos en qué terminan los dimes y diretes sobre el Poder Judicial. Sin embargo, el gobierno y su partido hacen como que la virgen les habla y guardan silencio sobre varias iniciativas que la oposición, en su momento, aceptó sin chistar.

Me refiero a las propuestas de llevar a la Constitución: el salario mínimo profesional, el salario garantizado, la semana laboral de 40 horas y los derechos de los pueblos originarios. Hay quien asegura que la buena cara que presumen algunos empresarios se debe a que las iniciativas sociales fueron congeladas.

Rubén Moreira Valdez