Hay grandes razones para oponerse a la reforma al poder judicial:
- La narrativa del dictamen no corresponde al resultado que tendrá la supuesta reforma;
- No es democrática, ni justa, ni prudente
- No es democrática, ni justa, ni prudente; Es un riesgo al Estado mexicano;
- Es inoperante;
- Lesiona el pacto federal;
- No representa mejorar la calidad de las resoluciones;
- Es un peligro para la protección de los derechos humanos;
- Permite la intromisión de poderes fácticos.
Cambiar el mecanismo de selección de juzgadores no garantiza la justicia. México es un país con pocos jueces, apenas existen .33 por cada 100 mil habitantes y si sumamos a los locales, la proporción se eleva a poco más de 3; El número ideal de jueces es de 18 por cada 100 mil habitantes.
Los juzgados están saturados, a nivel local, falta personal y los sueldos son bajos. Además, la reforma no contempla mejorar el ministerio público local, el sistema de peritajes, la defensoría de oficio y ejercicio de la abogacía.
Los redactores de la iniciativa parecen no saber de la limitada discrecionalidad de los jueces cuando deben emitir una sentencia. Estos tienen que atender criterios, precedentes, jurisprudencias y tratados internacionales. No es válido descalificarlos antes de conocer cómo se construye una resolución.
Es inexacto que con la reforma el ciudadano elegirá a los juzgadores; en todo caso los va a tratar de seleccionar entre listas de candidatos elaboradas bajo la influencia de un partido. No es popular, ni democrática, porque no hay un elemento objetivo que determine quienes serán los candidatos.
Por otro lado, la reforma es imprudente. No hay referencia en el mundo con respecto a un proceso como el que se pretende instaurar. Esa “innovación”, se convierte en un riesgo para un país con el tamaño del nuestro.
La reforma, de concretarse, nos llevará a una crisis institucional. En las redes he subido información sobre el número de boletas y la conformación de estas. En el 2025, por ejemplo, se pondrán frente al elector cuando menos 25 boletas, en donde el elector encontrará 4,125 nombres para seleccionar y escribir 640.
La iniciativa se inmiscuye en el régimen interior de las entidades. Es una continuación de las políticas neoliberales que tienen varias décadas quitándoles facultades. De seguir así, México se convertirá en la república centralista que añoraba Lucas Alamán.
La reforma en materia de derechos humanos del año 2011 se encuentra en peligro, no solo advierto el interés de desmantelar el artículo 1 de la constitución, también el de frenar el control de convencionalidad y la presunción de inocencia.
La reforma permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos el capital y la delincuencia organizada. Esta iniciativa, por otra parte, dañará la libre competencia, la independencia y la imparcialidad.
Agárrense, quieren tirar el agua de la bañera con todo y niño. El Senado es la última defensa para evitar la catástrofe.
Rubén Moreira Valdez
