En marzo de 2019, el Papa Francisco se dirigió en Roma a un grupo de la Pontificia Comisión para América Latina. Se planteó la pregunta: ¿Cuáles son los sectores más emblemáticos en el cambio de época latinoamericana? Él mismo contesta y propone tres: Las mujeres, los jóvenes y los más pobres.

Desde su punto de vista, es a través de ellos que “es posible reactivar las energías sociales de nuestra región para que sea fiel a su identidad y, al mismo tiempo, para que construya un proyecto de futuro”. Las mujeres, los jóvenes y los pobres son, dice el Papa, “lugares de encuentro privilegiado con la nueva sensibilidad cultural emergente (…). Ellos son protagonistas del cambio de época y sujetos de esperanza verdadera”. Bergoglio añade que “su presencia, sus alegrías y, en especial, su sufrimiento son una fuerte llamada de atención para quienes son responsables de la vida pública. En la respuesta a sus necesidades se juega la verdadera construcción del bien común”.

Estos sectores, “constituyen un lugar de verificación de la autenticidad del compromiso católico en la política. Si no queremos perdernos en un mar de palabras vacías, miremos siempre sus rostros”. Y hay que verlos, subraya el Papa, “como sujetos de cambio y no como objetos de asistencia. La interpelación de sus miradas nos ayudará a corregir la intención y a redescubrir el método para actuar ‘inculturadamente’ en nuestros distintos contextos”.

Además, asegura que en América Latina es necesaria una “nueva presencia de católicos en la política”, que no sólo implica nuevos rostros, sino, nuevos métodos que permitan forjar alternativas que al mismo tiempo sean críticas y constructivas.

El Papa invita a “hacer política inspirada en el evangelio desde el pueblo en movimiento, que se convierte en una manera potente de sanear nuestras democracias y de abrir el espacio para reinventar nuevas instancias de origen popular”. Y plantea a los integrantes de la Pontificia Comisión para América Latina que “vivan su fe con libertad, sin creer que existe una única forma de compromiso político para los católicos. Un partido católico”. “En política es mejor tener una polifonía inspirada en una misma fe que una aburrida melodía monocorde aparentemente correcta, pero homogeneizadora y neutralizante”, dice el Papa.

Una buena ruta para encontrar la solución de los problemas latinoamericanos se encuentra en los debates que sobre el tema se dan dentro de la comunidad católica. Más allá de los temas de laicidad, invito a los lectores a echarse un clavado al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia o a las recientes conclusiones del Diálogo Nacional por la Paz.

RUBÉN MOREIRA VALDEZ

En días pasados, un grupo armado montó un operativo en los límites de Nuevo León y San Luis Potosí; esto para despojar de sus vehículos a quienes tenían la mala fortuna de circular en esos momentos por la carretera 57.

No es la primera vez que eso sucede; los vecinos cuentan historias de terror, que incluyen violaciones, robos, golpes, amenazas y secuestros. Los delincuentes, cuyo tono de voz no es de la región, tienen como objetivo principal apropiarse de camionetas; ellos cesan su jornada cuando tienen en su poder un buen número de ellas.

La principal carretera del país es la 57, conecta la Ciudad de México con la frontera norte. Todos los días miles de personas y mercancías son trasladadas por esta importante arteria. En diversos puntos hay noticias de incidentes relacionados con la seguridad. Hay reportes en tramos del Estado de México, Hidalgo y Guanajuato. Sin embargo, los peores acontecimientos se dan en el estado que gobierna Samuel García.

En México la seguridad se encuentra en crisis. La afirmación del gobierno sobre una supuesta disminución de los homicidios es muy dudosa. Hay cifras negras y una gran cantidad de personas que no encontramos. Por otro lado, la hegemonía del crimen en algunas regiones baja los enfrentamientos de bandas rivales y, por ende, los asesinatos.

Lograr la paz requiere de una estrategia multidimensional; igual se debe impulsar el bienestar social, que la construcción de instituciones y la aplicación de la ley. Pero hay tareas urgentes que no admiten pretextos, menos si provienen de políticos frívolos como el gobernador de Nuevo León.

¿De qué sirve a una persona que se encuentra con el cañón de una pistola en la cabeza, que las autoridades repitan que hay una nueva “estrategia” de seguridad, o que, asumiéndose como influencer salgan con distractores? Las familias que en la carretera 57 vivieron la terrible experiencia de ser asaltados y dañados en su dignidad, se quedaron esperando la respuesta del estado.

En las redes sociales circula un video donde un histriónico Samuel García dice haber comprado un helicóptero de combate para acabar con los delincuentes. ¿Cómo es posible que un gobernante salga con semejante tontería? ¿Cómo es posible que en el estado norteño no se estructuren políticas públicas efectivas? ¿Por qué los factores reales de poder, que en otras ocasiones fueron críticos, hoy están ajenos y en silencio? La respuesta da para muchas líneas; pienso escribir después al respecto.

Por lo pronto, espero que las actuales generaciones de jóvenes, algún día, puedan cruzar el país en automóvil sin el miedo a ser emboscados. Yo lo hice en un ´bocho´ y disfruté del gran país que era México.

RUBÉN MOREIRA VALDEZ

Son innegables los efectos de la destrucción y contaminación del medio ambiente. Prueba de ello, es el aumento de las temperaturas, la modificación de los ciclos estacionarios, la desaparición de especies e incluso, los daños a la salud humana.

Es fácil argumentar que todos somos responsables de lo que acontece, pero lo anterior es una verdad a medias. Hay grandes causantes de la crisis ambiental:

1. La economía voraz, que, sin importar los daños a la tierra, busca maximizar ganancias;

2. Los gobiernos al servicio de capitales sin escrúpulos; y

3. La ultraderecha, que no reconoce a la ciencia como el instrumento para obtener las respuestas a los dilemas que enfrenta el hombre.

Hay que ser claros, en el cambio climático México tiene una responsabilidad secundaria. Por duro que parezca, una conducta ejemplar de nuestro país no va a salvar al planeta. Seamos realistas, el futuro del mundo está en manos de las grandes naciones, de sus empresas que expolian el sur, de sus prácticas abusivas que destruyen el medio ambiente y de su codicia disfrazada de progreso.

Un ejemplo ilustrativo, en el país tenemos tres carboeléctricas, mientras que en China hay 946, en Estados Unidos 286 y en India 253. De poco servirá cerrar las nuestras, si los vecinos se hacen patos. No se alarme el lector, no propongo que destruyamos el medio ambiente, solo quiero poner las cosas en su lugar. Nuestra responsabilidad es conservar el patrimonio del país y utilizarlo para el desarrollo y bienestar del pueblo.

México necesita una transición energética, pero sus beneficios, entre ellos los económicos, deben incluir a todos los sectores de la población. Una acción de este tipo no debe servir para aumentar la brecha entre ricos y pobres. En la actualidad, una “moderna” tienda de conveniencia paga menos factura a CFE que el abarrote de nuestro barrio.

En los próximos años, entre otras acciones urgentes, tenemos que lograr el tratamiento total de las aguas negras, salvar los bosques y consolidar la planeación del crecimiento urbano.

Cuidar el país depende de políticas públicas impulsadas por los tres órdenes de gobierno. Hace falta, además, seriedad, compromiso y valor para cumplir la ley. Es necesario, por ejemplo, detener la deforestación de la sierra Tarahumara y del Ajusco, donde las bandas criminales hacen y deshacen a su antojo.

México requiere una política exterior ambientalista, que presione con fuerza a las potencias contaminantes y defienda el desarrollo del sur. La factura de un medio ambiente sano se debe cubrir de manera proporcional y los intereses del país son importantes en el tema.

RUBÉN MOREIRA VALDEZ

Enfatizó que el INE debe ahondar en investigaciones, hablar del tema y convertir experiencias en acciones, porque el narcotráfico ya es un terrorismo en el país.

El coordinador del GPPRI expuso que existe el riesgo que en 29 estados el narco pueda influir desde un municipio hasta todo el estado.
El narcotráfico no solo es un tema de seguridad, es también una amenaza real a la democracia, porque se encuentra en el territorio nacional, tiene control en algunos gobiernos donde impone funcionarios y sabe cuándo llegan las participaciones, es decir, los recursos, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
En su programa “Peras Manzanas y Naranjas, difundido por redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI refirió que participó en la clausura de seminario “Retos de las Instituciones Electorales”, en donde expuso que hay un elefante en la sala con el que todos convivimos y del que el Instituto Nacional Electoral (INE) habla poco, cuando, indicó, existe el riesgo que en 29 estados el narcotráfico pueda influir desde un municipio hasta todo el estado.
Al responder por qué los partidos no han hablado del tema, el líder congresista señaló que en el seno del Consejo del INE trató este problema, pero es como tocar una campana en el vacío porque al final no hace eco. Mencionó que la respuesta del INE es que no son una autoridad de seguridad, pero, recalcó, son garantes de la democracia.
Precisó que es común escuchar expresiones como el narco ya sabe sobre elecciones y trae encuestas, se les tiene que pedir permiso para hacer campaña y en el caso de las mujeres, no son bien vistas y no dejan que sean candidatas.
Aseguró que si hay inteligencia en seguridad, pero hay gobernadores que no quieren actuar, hoy sabemos de retenes del narco en la carretera Zacatecas – Concho del Oro, en los límites de Matehuala con el estado de Nuevo León. Resaltó que en el sur de Nuevo León se secuestra a gente y se presiona a políticos, y en Monterrey no hay control policiaco hasta Colombia, comunidad ubicada en el norte del estado.
Moreira Valdez enfatizó que el INE debe ahondar en investigaciones, hablar del tema y convertir experiencias en acciones, porque el narcotráfico ya es un terrorismo en el país. No obstante, afirmó que él cree en un gran acuerdo para ver el tema de la seguridad en las elecciones, porque, subrayó, hay tres momentos a tomar en cuenta tales como qué dice un candidato en el tema de seguridad; cómo camina en territorio y dónde hace campaña, y qué va a pasar el día de los comicios.
El líder congresista aseveró que por ello se debe empujar a los gobernadores, contar con un observatorio nacional y mapa de riesgos, así como impulsar reformas legales para que no prescriban delitos contra candidatos, suspender campañas cuando maten a uno o lo secuestren, porque el riesgo, advirtió, es que un día va haber dos gobiernos en este país.
En la mesa “Seguridad y Elecciones”, que se realizó en la Escuela Judicial Electoral, moderada por Jorge Alcocer, participaron junto con el coordinador Rubén Moreira, los exfuncionarios Diódoro Carrasco Altamirano; Jorge Tello Peón y Guillermo Valdés Castellanos. Clausuró los foros, el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.

RUBÉN MOREIRA VALDEZ

A finales del sexenio de Luis Echeverría se suscitó en el país una fuerte controversia debido a los libros de texto que fueron distribuidos en las escuelas del país. En aquellos días, unas vecinas recomendaron a mi madre engrapar las páginas donde se hablaba de educación sexual. La reciente polémica en materia educativa tiene algunas similitudes con otras que han sucedido en México, pero también notorias diferencias.

Si recurrimos a Louis Althusser, uno de los clásicos marxistas, la educación se encuentra dentro del aparato ideológico del estado y si tomamos como referencia al propio Marx, el estado siempre estará al servicio de quienes poseen los medios de producción. Sin embargo, para el italiano Gramsci, en la súper estructura se da un litigio que puede romper las situaciones hegemónicas. “Dios no lo permita”, diría un amigo mío egresado de una escuela neoliberal.

A esta confusión de ideas le podemos agregar que en una sociedad que “pretende” ser democrática, quienes asumen el control del gobierno pueden intentar desde el sistema educativo construir, aunque sea chafa, una narrativa propia.

Más allá de los dimes y diretes por los libros de texto, podemos decir que estos:

1. Cuando son pertinentes se convierten en un factor de justicia social. Desde 1960, todos los niños del país tienen en sus manos libros de estudio y evita inequidades.

2. Gobierne quien gobierne los libros siempre contienen una orientación ideológica y, por lo tanto, un proyecto de nación. Esto sucede de forma implícita o explícita.

3. Los libros de texto son una parte de la política educativa. Cuando esta no corresponde a los intereses de la sociedad o no es producto de consensos con las minorías, los actores de la sociedad van a entrar en tensión.

4. La calidad de los libros depende de quién los redacta y autoriza. Me refiero, entre otras cosas, a la impresión, contenidos, pulcritud de las referencias históricas y el diseño de los textos.

5. Un libro de texto debe sostenerse en sólidas bases pedagógicas. El niño, objetivo de la transmisión cultural, requiere en su proceso educativo de gradualidad, certeza en la información que recibe, respeto a su madurez, acompañamiento docente y estímulos didácticos que lo favorezcan en sus retos escolares.

¿Qué puede motivar un conflicto en relación con los libros de texto? La respuesta es sencilla: la afectación cierta o falsa que en sus intereses perciban los factores reales de poder. Cuatro ejemplos:

1. Hablar de socialismo, aun cuando no se pretende instaurar, seguro va a molestar a los propietarios de los medios de producción, más si se les ha pasado la mano y no ofrecen buenas condiciones laborales.

2. Amenazar la dignidad de las personas o el derecho de los padres a educar a los hijos puede ocasionar una reacción de la Iglesia católica. El Concilio Vaticano II estableció en esta materia directrices a los creyentes.

3. En otros momentos el SNTE reclamaba su participación en la construcción de las políticas educativas. Lo hacían bajo el argumento de su interés en el rumbo del país y su conocimiento de la materia. Hoy las cosas son diferentes.

4. Si los padres de familia perciben que los libros son deficientes en su calidad o insuficientes en sus contenidos, seguro pondrán el grito en el cielo.

En fin, solo hay algo seguro en la actual disputa educativa: los niños van a pagar los platos rotos. La pandemia causo estragos en la formación de varias generaciones de educandos y para rematar ahora los agarraron de ring para confrontar posturas de todo tipo. En el colegio religioso donde hice mi catecismo diría el cura: “Dios proteja a estos inocentes”. En la escuela pública de mis años de juventud el maestro afirmaría: “Es la derecha y los explotadores que le temen al proletariado”.

RUBÉN MOREIRA VALDEZ

En lo que va de la presente administración, los bancos que operan en el país obtuvieron ganancias por 771 mil millones de pesos; 71 por ciento más que en el mismo periodo del pasado sexenio. El año de récord fue 2022, con 236 mil 743 millones. Esto es lo que han venido presumiendo los especialistas financieros, los banqueros y hasta el gobierno.

Lo que no han dicho es que este crecimiento es producto, en buena parte, de la desproporción entre el servicio que se presta y el monto de la comisión. De hecho, están entre las más altas del mundo. En el caso de los bancos extranjeros, son mayores hasta en 19 puntos porcentuales que en sus países de origen, según reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

En los primeros tres meses de este año, los bancos comerciales obtuvieron 38 mil 769 millones de pesos por concepto de comisiones consolidadas, que representaron cerca del 42 por ciento de sus ingresos totales, conforme a datos proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En 2017 el porcentaje de esa ganancia fue de 30 por ciento, y ya era escandaloso.

Como en muchos otros temas, los que menos tienen son los más afectados. Por ejemplo, no hay excepciones para las y los beneficiarios de programas sociales cuando hacen uso de los servicios bancarios. Por eso, los adultos mayores deben movilizarse largos trayectos y hacer extensas filas para cobrar su pensión en el Banco del Bienestar. Cuando se critica a esa institución se olvida decir que en ella no se les cobra comisión a los beneficiarios de los programas sociales.

En la coyuntura económica actual todos los bancos están saliendo aún más beneficiados. El número de familias que recurren al crédito ha venido aumentando, mientras el ahorro se ha desplomado.

Esto confirma la pérdida de poder adquisitivo de los mexicanos y el hecho de que no están pudiendo sufragar sus gastos cotidianos con su salario. Además de disponer de sus ahorros, tienen que recurrir a uno de los financiamientos más caros del mundo, no solo por las altas tasas de interés, sino por las comisiones de los bancos.

Así que las cifras que tanto presumen algunos, representan una injusta merma económica para millones: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, del INEGI, cerca del 68 por ciento de los mexicanos de 18 a 70 años tienen algún tipo de producto financiero formal (cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore).

Viendo la economía de las familias mexicanas empeorar día a día, es urgente apoyarlas con un control efectivo de las comisiones bancarias, especialmente a quienes menos tienen. Es momento de que los bancos asuman la responsabilidad social que les corresponde.

En la Cámara de Diputados es común que Morena arremeta contra el Fobaproa: argumenta que es un mecanismo donde los pobres rescataron a los ricos. Sin embargo, nunca han puesto las comisiones bancarias en la mesa de las discusiones.

La muestra de que se puede trabajar en la disminución de comisiones y ayudar a la gente, la dio la iniciativa Multired, con una alianza que beneficia a 13 millones de usuarios. Banca Mifel, HSBC México, Scotiabank, BanBajío, Inbursa y Banregio, que en conjunto tienen 9 mil cajeros, acordaron no cobrar cargo alguno, a quien consulte o retire dinero, aún y cuando quien lo haga no sea su cuentahabiente, siempre y cuando su banco esté en la alianza.

RUBÉN MOREIRA VALDEZ

No hay mexicano que no esté ligado a los mineros del carbón o reciba beneficios de su labor. Estos trabajadores se dedican a una de las actividades más peligrosas en el mundo. El riesgo de perder la vida es enorme y la posibilidad de sufrir daños físicos es de las más altas en el mundo.

En Coahuila se produce el carbón que México ha necesitado para generar energía eléctrica, acero y en su momento la fuerza para mover las locomotoras. La entidad ha recibido poco de las ganancias de este negocio, pues durante muchos años las compañías extranjeras dominaron la escena y se llevaron la riqueza a sus naciones de origen. Los daños al ambiente son evidentes y la pobreza de los trabajadores lacera.

La situación de riesgo es particularmente grave en la explotación en minas conocidas como “pocitos”, descritas por el Servicio Geológico Mexicano como: “un sistema rudimentario que consiste en un pozo vertical de aproximadamente dos metros de diámetro y profundidades de 30 hasta 70 metros”.

Estos pozos son altamente redituables para sus dueños. Ellos no invierten en medidas de protección e incluso en muchas ocasiones no pagan seguridad social y, para colmo, los salarios se cubren en efectivo.

Este tipo de extracción ha proliferado en los últimos años y se explica cuando observamos que al cierre de las grandes minas de la región los contratos de carbón se mantuvieron y, por lo tanto, la carga de la producción se pasó a centros de explotación más pequeños.

En 2020 la CFE anunció la compra de dos millones de toneladas de carbón, en la cual el 73 por ciento sería adquirida a micro y pequeños productores; es decir, algunas de ellas provendrían de minas de tiro vertical; el 16 por ciento a los medianos y solo 10.93 por ciento a los grandes productores. En la región no falta quien engaña a la paraestatal y, ante la imposibilidad de cubrir el contrato, adquiere en la clandestinidad carbón que sale de minas irregulares.

No estoy abogando por las grandes minas y menos después de lo acontecido en Pasta de Conchos, pero la posibilidad de sobrevivir a un accidente en un pocito, es de cero. Luisa María Alcalde dijo alguna vez en la tribuna de San Lázaro: “los pocitos, que operan principalmente en el estado de Coahuila, se han convertido en semilleros de lesionados, de heridos y mutilados de toda índole, de viudas y huérfanos, y constantemente, también de fortunas mal habidas, de narcotráfico, de impunes y de familias millonarias”.

Las malas condiciones laborales explican la alta mortalidad de los accidentes en pocitos. En agosto del año pasado, en la mina Pinabete de Sabinas, murieron 10 mineros que quedaron atrapados debido a una inundación. Sus cuerpos no han podido ser rescatados. Menos de un año después, hace unos días, sucedió otro accidente en un pozo del municipio de Múzquiz, en el que perdieron la vida dos trabajadores. Esto hace evidente la asesina permisividad de la explotación minera en pocitos.

Es momento de evitar que sigan sucediendo estos homicidios laborales. Hace unos días presenté un punto de acuerdo exhortando al Senado a dar trámite inmediato a una minuta enviada por la Cámara de Diputados hace ¡11 años! En ella se contiene la prohibición para extraer carbón de “pocitos”.

Cada vida que se pierde es una tragedia. Evitemos la siguiente.

RUBÉN MOREIRA VALDEZ

Nuevo León se ha convertido otra vez en núcleo de operaciones del crimen organizado para el Noroeste del país. La ejecución de seis personas hace unos días en Apodaca es apenas la punta del iceberg.

Es imposible transitar con seguridad por sus carreteras y ya son noticia común las ejecuciones y los atentados. Tan solo en mayo pasado, conforme a cifras de Lantia Intelligence (plataforma digital de datos sobre violencia en México) fueron ejecutadas 84 personas, que representan el 79 por ciento de los 106 homicidios dolosos reportados para el mismo mes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Su vecino Coahuila fue, por otra parte, el estado con menos ejecuciones en todo el país, solo una.

El antiguo centro delincuencial de la región: Tamaulipas, ya dejó de interesarle al narco. Ahí solo hubo dos ejecuciones en mayo. El crimen organizado volvió en grande a Nuevo León, donde hay mercados en expansión que están peleándose bandas y cárteles; pero, sobre todo, la laxitud que necesitan por parte de las autoridades para operar a sus anchas. Esto explica por qué 2021 y 2022 han sido los años más violentos de la última década, después de 2011 y 2012, con 1,069 y 1,328 homicidios dolosos, respectivamente, frente a 2,003 y 1,459 de aquellos dos años, conforme a la base de datos del SESNSP.

La cifra va en aumento de manera alarmante: mientras de enero a mayo de 2022 se registraron 495 homicidios dolosos, en el mismo periodo de este año llegaron a 781, es decir, se elevaron en 57 por ciento. De no tomarse medidas radicales, podrían rebasarse las mayores cifras históricas.

Desafortunadamente, la tasa de feminicidios se elevó también de forma dramática: de 66 en 2021 a 102 el año pasado, lo que colocó a Nuevo León como el segundo estado con más casos en el país, solo 36 menos que el Estado de México, que ha venido ocupando persistentemente el primer lugar.

Nuevo León está fuera de control en materia de seguridad pública, principalmente porque su gobernador no asume la responsabilidad que le corresponde: tomar el liderazgo e implementar una estrategia multidimensional.

Me llama la atención que empresarios y líderes que en el pasado fueron muy activos en el reclamo de paz, ahora permanezcan en el silencio. Me preocupa que las autoridades del estado sean reyes en las redes sociales, mientras en las calles de Monterrey y su zona metropolitana los reyes son los delincuentes.

La percepción de inseguridad en el estado subió seis puntos porcentuales de 2021 a 2022, para colocarse en 67.9 por ciento, pero las autoridades esperaron a que sucediera un hecho mediático para mostrar algo de responsabilidad: tras las ejecuciones de Apocada, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, informó que solicitará refuerzos militares para formar un cerco de seguridad en los municipios de la periferia de Monterrey.

Sin embargo, la sola intervención del Ejército, valiosa como es, no se acerca a la solución, que va mucho más allá de enfrentar metralla con metralla a los delincuentes. Hay que comenzar por cerrarle las fuentes de financiamiento al narco, “limpiar”, fortalecer y profesionalizar a las policías, establecer una estrategia de sólida coordinación entre corporaciones de seguridad, involucrar a la población en su cuidado, con mejores salarios y empleos, obra pública y otros beneficios que le hagan desistir de colaborar con el crimen organizado, entre otras acciones.

Una pena lo que viven hoy nuestros hermanos de Nuevo León.

RUBÉN MOREIRA VALDEZ

El calentamiento global ha afectado el ingreso per cápita de los países más pobres entre 17 y 30 por ciento, de acuerdo a un estudio de Marshall Burke y Noah Diffenbaugh, investigadores de la Universidad de Stanford.

Este es uno de esos datos que trasladan las catástrofes climáticas producidas por el ser humano al terreno de la vida cotidiana. El desastre ambiental que afecta al planeta ahonda indudablemente la pobreza y la injusticia social.

Esto sucede porque las consecuencias del calentamiento global, como oleadas de calor, grandes huracanes y sequías prolongadas, entre otros, afectan las actividades productivas, sobre todo la agricultura, base de la economía de los países más pobres, que además no están en condiciones económicas de afrontar las consecuencias del cambio climático

Burke y Diffenbaugh encontraron, además, algo verdaderamente perturbador: las naciones más ricas se están beneficiando del cambio climático, especialmente las de clima más frío, como Suiza y Noruega.

Las grandes potencias construyeron y mantienen una buena parte de su prosperidad destruyendo la naturaleza. Dos ejemplos: la expansión norteamericana al oeste terminó con los búfalos y los sembradíos de la United Fruit dañaron considerablemente las selvas de Centroamérica.

Hagamos una pausa para explicar que no es lo mismo ser una potencia económica que ser un país rico. El primer indicador se mide por el total del PIB nacional, el segundo por el ingreso per cápita. En esta segunda categoría, nuestro vecino del norte esta en el décimo lugar y China ni pinta. Suiza es el sexto y Noruega el séptimo.

Pero en general, los países capitalistas del norte, que muy a menudo se convierten en jueces implacables en muchas materias, tienen una deuda inmensa con la humanidad. Para llegar a donde están, igual esclavizaron pueblos que lanzaron bombas atómicas. Por ejemplo, poco se difunde sobre Bélgica, una prospera nación que a inicios del siglo 20 expoliaba el oro de África y tenía practicas tan terribles como mutilar las manos de los trabajadores o exhibir a niños negros en sus zoológicos.

Volviendo a los países pobres, la Premio Nobel en Economía, Esther Duflo, calcula que, sin contar las que acarrea la pobreza, a finales de siglo registrarán 73 muertes por cada 100 mil habitantes, como consecuencia directa del calentamiento global. El equivalente a todas las muertes por enfermedades infecciosas en la actualidad.

Como el mismo Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, Duflo considera que los compromisos de las naciones son insuficientes y además no se están cumpliendo. Las razones son ya visibles: hay países y grandes capitales a los que beneficia la catástrofe y son, claro, los que más contaminan.

El neoliberalismo descarnado va a hundir a la humanidad. En fin, sigamos creyendo en los comerciales de las grandes refresqueras que nos dicen que van a salvar el planeta con la simple acción de limpiar una de las cientos de playas que su Pet contamina diario.

Es inminente que, no tan a la larga, se verán igualmente afectadas, pero por ahora solo protegen la ganancia inmediata.

RUBÉN MOREIRA VALDEZ